Inhabilitaciones y responsabilidades en la Procuraduría de Colombia

por | 5 noviembre, 2020

Hace algunos días, la Procuraduría General de la Nación de Colombia sacó a la luz los nombres de los aspirantes que se hallan incapacitados para ejercer cargos públicos en las elecciones del próximo octubre. En Colombia y conforme al registro en las Procuradurías de Colombia, son 694 y en el Cauca, diecinueve (el 2 por ciento de los inhabilitados), que van contra lo indicado en la ley 617 del dos mil, en el artículo treinta y siete, artículo cuarenta, asimismo por infringir lo mentado en la Ley quinientos noventa y nueve del año 2000 y por no cumplir la Ley 136 del año 1994, particularmente, en el artículo 124.

Los partidos que en el Cauca inscribieron más candidatos con inhabilidades son, por orden, el Conservador y Cambio Radical. La mayoría de los preguntados forman parte de listas a concejos. Como un aspecto positivo se puede destacar que en esta lista no figuran aspirantes a las alcaldías ni a la Gobernación.

En épocas anteriores a elecciones, la Procuraduría convenientemente publica los nombres de aspirantes inhabilitados; de igual forma hacen los medios que informan y publican las hojas de vida de aquellos aspirantes que tienen antecedentes disciplinarios y que no deberían hacer parte de las listas a cargos de elección popular, mas, por último resultan escogidos, con el coherente desgaste que implican las demandas posteriores que terminan en destituciones. En esta ocasión el Fiscal General encargado advirtió, además de esto, que este ente de control estudiará si hay delitos del género de elección ilegal.

Conviene rememorar que en dos mil diecisiete entró en vigencia la Ley 1864 que pretende fortalecer los sistemas de participación democrática. Esta ley sumó al Código Penal el delito de “elección ilícita de candidatos”, según el que, “quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (nueve) años y multa de doscientos (doscientos) a ochocientos (ochocientos) sueldos mínimos legales mensuales vigentes”. Seguramente con buena intención, los legisladores creyeron que esto lograría un efecto disuasivo entre quienes tengan una sanción en su contra.

Semeja que las advertencias de la Procuraduría (incluyendo las procuradurías en Bogotá) y la inclusión de esta conducta como un delito con pena de cárcel no amedrentó a los candidatos y mucho menos a los partidos. En este punto es asimismo importante exigir que los partidos políticos (si bien legalmente no estén obligados) no dejen que ingresen personas cuestionadas a sus listas, ya que son los que acreditan estas candidaturas.

Resta comprobar si la publicación de los nombres de los inhabilitados y la advertencia del Fiscal General encargado tienen algún efecto y salen de las listas los inscritos señalados. Hay plazo hasta el veintisiete de noviembre.